El recorte en la Educación de Madrid

Confunde y se equivoca

A juzgar por las reacciones que hemos visto en las pasadas semanas, y por las que están por venir, parece indiscutible que las medidas de recorte incluidas en las Instrucciones de Comienzo de Curso dictadas este año por la Comunidad de Madrid lanzan un mensaje bastante contundente a la comunidad educativa y al conjunto de la sociedad. Para entender este mensaje, puede que resulte esclarecedor pensar tanto en el fondo como en la forma, y tanto en lo que se dice de ellas como en lo que no se dice.

Recorte de plantilla

El recorte dado por las Instrucciones se concreta en una reducción de la plantilla de docentes de aproximadamente el 13%. Como siempre, los números varían según quién los haga. El mínimo está en los 1700 profesores interinos citados por la Consejería, y el máximo en los 3000 docentes citados por los sindicatos, donde incluyen ya reducciones menos bruscas hechas el año pasado, a través de otros mecanismos, como el retraso de las suplencias por baja médica. Para conseguir este ajuste, las Instrucciones aumentan el número de horas lectivas de cada profesor, de 18 a 20 horas semanales. Este dato, por si solo, es el mayor ejemplo de desinformación y confunsión, voluntaria o involuntaria. Para entender la repercusión de esta medida es necesario aclarar dos conceptos: ¿qué es un profesor interino?, ¿cómo se estructura el horario de un profesor?

¿Qué es un profesor interino?

Un profesor interino es un docente que ha aprobado las oposiciones de su especialidad, pero que no ha llegado a ocupar una plaza fija. Idealmente, este tipo de puestos existen para cubrir las necesidades variables del servicio: aumento de alumnos en un centro en un año determinado, suplencias por baja médica, etc. En general, desarrollan exactamente las mismas tareas que un profesor funcionario de carrera, aunque la situación administrativa no es la misma. No tienen plaza fija, pero tampoco se puede hablar de eventualidad: muchos llevan años y hasta décadas trabajando para la Administración en distintos destinos.

El horario de un profesor

El horario de un profesor se compone de horas de distinta categoría. Las horas lectivas son las más evidentes, aquellas que el profesor pasa delante de los alumnos. A éstas hay que sumarles las horas complementarias, de trabajo detrás del telón: preparación de clases, corrección de ejercicios y exámenes, reuniones de coordinación académica, colaboración con Dirección y Jefatura de Estudios, tutorías, atención a padres, horas de formación y actualización de conocimientos, organización de actividades extraescolares y viajes de estudios, etc.

¿Cómo cambian las Instrucciones el trabajo del profesor?

Oficialmente, las nuevas Instrucciones convierten dos horas de trabajo complementarias en dos horas lectivas, manteniendo el total en 37,5 horas semanales. ¿Y por qué es esto tan escandaloso? Se entiende razonablemente que habrá algo más de tiempo de clase, y algo menos de tiempo de preparación, pero no parece tanta diferencia—nada que no se pueda solucionar si los profesores arriman el hombro, nada que pueda afectar a la calidad de la educación. Hagamos números: 18/37,5 sale una ratio de 0,48 horas lectivas por cada hora de trabajo, 20/37.5 da una ratio de 0,53. ¡Apenas una diferencia de un 5%! Realmente los profesores madrileños, o no saben aritmética o no están en su sano juicio... ¿o no? Debe de haber algo más. De nuevo los datos, como ya sabemos sobradamente por la Economía, sirven para confundir y presentar una imagen que no refleja la realidad. Lo que voy a desvelar aquí me costará quizá la consternación y el rechazo de mis compañeros de profesión: no conozco a un profesor que trabaje 37,5 horas. No conozco a un profesor que mire el reloj y suelte el boli cuando las manillas marcan una hora o un número de horas específicas. El trabajo de un profesor no se mide en horas; se mide en alumnos. En el trabajo del profesor no se calientan sillas; la única métrica posible es atender a las varias necesidades educativas del alumno y, dentro de unas enseñanzas regladas, darle los conocimientos para entender, el estímulo para pensar y el impulso para trazar su propio camino. No concibo nada más ajeno a la labor de un profesor que el descorazonado cálculo anterior, burocrático y economicista.

¿Cómo cambian las Instrucciones la enseñanza del alumno?

En todo tipo de declaraciones y comunicados, la Administración nos remite al cálculo horario que hemos desgajado antes, pero ¿han hablado ellos de alumnos? Hagámoslo ahora; es relevante investigar cómo repercuten las Instrucciones en el número de alumnos a los que atiende cada profesor. Parece obvio que siempre habrá materias que se beneficien de dos horas lectivas más a la semana: puede haber refuerzos y grupos reducidos en matemáticas; puede haber clases de conversación en los idiomas... si lo que se persigue es realmente la excelencia en la educación, se pueden organizar los recursos para que los alumnos tengan más horas de clase —y sobretodo mejores horas, de atención a las necesidades específicas y los desafíos individuales. ¿Cómo se han implantado, pues, esas horas adicionales? ¿Cuánta más atención recibirá cada alumno? En un caso típico de Escuela Oficial de Idiomas, cada profesor pasa de impartir cuatro grupos con un total de 100 alumnos a impartir cinco grupos, con un total de 125 alumnos ¡El incremento en la carga de trabajo es de un 25%! La disminución en la dedicación del profesor a cada alumno, ¡de un 20%! Tampoco se trata de hacer cálculos enrevesados, parece obvio y razonable que si tienes que atender a un 25% más de alumnos en las mismas horas totales y con dos horas complementarias menos, tendrás que hacer de menos, más. Al mismo tiempo, sube por lo general el número de asignaturas y niveles diferentes que cada profesor imparte cada año, aumentando el esfuerzo de preparación de las clases. En las Escuelas Oficiales de Idiomas se pasa de dar dos niveles de un idioma a dar tres; en Secundaria, un profesor de Asesoría y procesos de imagen personal puede acabar impartiendo Biología. Tenemos ahora una visión más completa del esfuerzo que se pide a los docentes y me corrijo: se pide hacer de mucho menos, mucho más—siempre que queramos mantener la calidad y llegar al menos a donde estábamos antes.

¿Y la calidad de la educación?

Sin embargo, resulta poderosamente llamativo que el mensaje más repetido y contundente de los lanzados por la Administración Educativa de la Comunidad de Madrid es que estas instrucciones no afectarán a la calidad de la educación. No nos han proporcionado, no ya una explicación convincente, sino una justificación medianamente creíble que dé pie a esa afirmación. Esta respuesta dogmática no suple una justificación que en relalidad no pueden dar, pues solo se sustenta en la creencia --esperanza o chantaje-- de que los profesores pondrán de su parte mucha más dedicación a sus alumnos, en exceso de ese risible 5% de horas y hasta ese 25% más de alumnos y más allá. En resumen, realmente se nos pide mucho más de lo que aparentemente se nos exige.

La forma en que el Gobierno pide un esfuerzo

Conviene ahora valorar la forma que la Comunidad de Madrid ha querido darle al mensaje, a esta petición de solidaridad. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, con su Presidenta a la cabeza, no ha tenido reparos en trasmitir el mensaje de que los profesores trabajan menos de 20 horas a la semana y que, debido a la “situación crítica” que atraviesa el país, se apela a nuestro sentido del deber para que “completemos horario hasta las 20 horas semanales”. Esto se ha dicho de viva voz y se ha puesto por escrito. No menos de 18.000 ejemplares con la firma de la Presidenta —que al final no eran tan ejemplares, pues tenían numerosas faltas de acentuación— se han distribuido directamente a los profesores. Afortunadamente, aunque con el daño ya causado y habiendo lanzado la consigna que sus medios afines repetirán hasta la extenuación, se han producido matizaciones con la boca chica; parece que la boca que rectifica no es nunca tan grande como la que se equivoca. Mas allá del desprestigio infligido, de la confusión alentada y del equívoco indolente, ésta es sólo una de las incoherencias que impregnan la actuación del Gobierno.

¿Se puede apelar a la “responsabilidad compartida” para solicitar un esfuerzo adicional a los profesores, y mantener total secreto sobre el contenido de las Instrucciones hasta la fecha misma de su publicación oficial, ya en periodo estival? Es difícil de justificar, a no ser que la Consejería las haya tenido que preparar apresuradamente en los primeros días de julio. ¿Se puede sostener que estas Instrucciones y la magnitud de este recorte son óptimos, cuando no se ha contado para su elaboración con ninguna participación de los docentes? Es difícil de justificar, a no ser que la Consejería goce de infalibilidad. ¿Se puede concurrir a unas elecciones el 22 de mayo postulando la excelencia en la educación, y suprimir miles de profesores el 4 julio? Es difícil de justificar, si se quiere mantener un mínimo respeto a lo que significa un compromiso electoral, y al mandato democrático que emana de las urnas. ¿Habría escrito la Presidenta miles de cartas intentando justificar el recorte, aun sin nombrarlo, de no haber cambiado el panorama electoral con las elecciones de noviembre? Cualquier acercamiento a la honestidad y la franqueza en la acción del Gobierno parece más inverosímil cuando aún hoy insiste contumaz en que “ni tocamos el horario, ni las condiciones de trabajo, ni prescindimos de nadie”.

Expediente de Regulación de Empleo

Lo cierto es que estas Instrucciones funcionan como un auténtico ERE de la Administración, dejando en la calle a miles de personas de una tacada, sin tener que someterse si quiera a los requisitos de la legislación aplicable a la empresa privada. Según la Ley, estos profesores se van a la calle sin indemnización alguna por despido, aunque puedan llevar 5, 6 o 7 años trabajando ininterrumpidamente para la Administración. Es una de las formas más atroces de contratación temporal. Por algún motivo no merecen la misma consideración legal que los trabajadores de RTVE, los de las Cajas de Ahorro y tantos otros, durante tanto tiempo. En definitivas cuentas, el Gobierno Regional se ahorra unas indemnizaciones y unos salarios, aunque el mismo Estado, a través de otra rama de su misma hacienda, la Seguridad Social, tendrá que pagar las correspondientes prestaciones por desempleo. El cortoplacismo de nuestros políticos prefiere antes pagar por desempleo que por educación.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid se jacta de no haber reducido las retribuciones de los profesores, como ya nos hizo el Gobierno de la Nación en un “5% a los que menos, y entre el 10% y el 15% a los que más”, junto con el resto de funcionarios. Ellos redujeron lo que pagaban por el trabajo; ella ha aumentado lo que se trabaja por lo que te pagan. Verdades a medias, mentiras enteras. Se da ahora el agravante de que la Comunidad de Madrid ha elegido precisamente a la Educación para esta segunda vuelta de tuerca indiscriminada. ¿Es realmente la Educación el primer ámbito de lo público donde sobraba gente? Los policías no harán dos horas más de ronda. Los médicos no pasarán dos horas más de consulta. Las ventanillas no estarán dos horas más abiertas al público y los tribunales no tendrán dos horas más de vistas.  Debe de haber alguna razón para que se haga esto con la Educación solamente y no con la Seguridad, la Sanidad, la Administración o la Justicia. Quizá la Presidenta ofrezca la razón en la citada carta explicativa:

“Quiero expresarles mi absoluta convicción de que la manera más eficaz de combatir esta crisis económica y de prevenir las futuras es mejorar el nivel de nuestra educación”

Entonces, ¿por qué en Educación?

O quizá la razón, si la hay, haya que buscarla más allá. Como con todas las decisiones del Gobierno hay beneficiados y damnificados; en este caso, la escuela privada y, respectivamente, los estudiantes y profesores de la pública. Sin embargo, no es mi ánimo conspirador; atribuyo más este ensañamiento con la Educación a una especie de oportunismo, incapacidad y algo de cobardía. Le han hecho esto a la Educación Pública porque es fácil hacerlo dentro de la Ley estatal vigente. No es necesario cambiar ninguna disposición de rango superior, no hay que defenderlo y votarlo en un parlamento ni reunir para ello al Consejo de Gobierno. Se camufla como una decisión casi administrativa, bastan las instrucciones de un viceconsejero para llevarlo a cabo. Se puede hacer en pleno verano, inadvertidamente. Si el Gobierno de la Comunidad de Madrid hubiera tenido el coraje de defender sus posiciones en un parlamento —la determinación de poner un tratamiento en lugar de dar una pastilla de su medicina— quizá hubiera propuesto con más justicia aumentar de 37,5 a 40 horas el horario de todos sus funcionarios. Podría también haber mirado a sus múltiples empresas públicas, o al ingente gasto publicitario. Incluso sus señorías podrían haber decidido recortar su propia plantilla. A fin de cuentas, ¿hacen falta tantos diputados, para acabar sin saber cuál te representa? Desgraciadamente, también este Gobierno descarta buscar soluciones equitativas y óptimas, y opta por arreglos fáciles y apresurados.

Tanto tiempo para tomar medidas, para tanta improvisación

Será discutible cuánto tiempo ha meditado el Gobierno esta medida, pero la improvisación de su aplicación es manifiesta. Los centros educativos estuvieron durante el mes de junio confeccionando la oferta y los horarios del curso siguiente y matriculando a alumnos con normalidad, para ver todo este trabajo descompuesto sin la menor advertencia. El desbarajuste es tremendo. Todavía a esta fecha, hay centenares de profesores de carrera, no ya interinos, que tampoco han sido destinados a ningún centro. Sin embargo, no se han respetado las reducciones horarias ni siquiera para Jefes de Departamento o Coordinadores de Tecnología. Aparentemente estas labores de organización del centro, o no restan ningún tiempo dentro del horario, o deben ser soportadas por los alumnos a los que les toque en suerte un profesor que ostente estas responsabilidades (por lo general y aun antes, nada codiciadas), o se espera que surjan del amor y el arte del profesor. ¿Realmente no podrían haberse mejorado estos aspectos del recorte si éste se hubiese expuesto de antemano, admitiendo sugerencias? ¿No podrían haberse facilitado medias jornadas para aquellos profesores de una edad y una condición que están dispuestos a cobrar menos por trabajar menos? ¿Y por qué los conductores del Metro han de tener más derecho a participar en la organización de su trabajo y en los recortes de su sector que los docentes? ¿Es esto premio o castigo? ¿Están los profesores menos cualificados que otros, quizá porque ya aceptaron una rebaja de sueldo mayor que lo que les correspondería según su salario anual, al tenerse también en cuenta la categoría laboral y ser ellos licenciados universitarios? La “generosidad y sentido del deber” a que se apela, ¿incluye la obediencia ciega y el deber de silencio cuando están intentando oscurecer la verdad y presentar una apariencia tendenciosa? ¿Se es entonces necesariamente irresponsable, si se ejercitan las acciones de protesta contempladas en la Ley, como son las manifestaciones y la huelga pacífica? ¿Es honesto achacar en eso una acción política? “No he de callar por más que con el dedo / silencio avises o amenaces miedo”. Pero, ¿acaso se puede llegar a pedir a un profesor que no explique!

Se puede hacer mejor. Se debe hacer mejor

La Comunidad de Madrid ha acometido en los últimos años importantes iniciativas de innovación y flexibilización en la Educación. Se han iniciado programas bilingües, se ha fomentado la formación del profesorado, se ha expandido la red de centros, se ha promovido la libertad de elección, se ha limitado el número de alumnos por aula; aunque ahora maltratados a las primeras de cambio por la oportunidad política, se ha intentado reforzar la autoridad del profesor. Mucho —y más— se puede decir de la forma en que cada una de estas iniciativas se ha llevado a cabo, pero este camino se ha andado de la mano de los docentes, que han aceptado el desafío de la docencia en inglés, que han buscado obtener nuevas cualificaciones, que han progresado en el uso de las tecnologías y en la atención personalizada al alumnado. Si esto ha sido así, no se entiende que ahora se encastille y dicte instrucciones de tapadillo, no para reestructurar y modernizar las enseñanzas, ni siquiera para establecer controles e incentivos a los docentes, sino para desinvertir brutalmente en recursos humanos en Educación. Si la coyuntura económica todo lo puede y siente la acción de su Gobierno tan limitada, su Presidenta debería sentarse con los profesores, mostrar a las claras un panorama coherente de progreso para los próximos años, y esforzarse por alcanzar acuerdos. Si tan excepcional y perentoria es, establezca ya una temporalidad definida para esta medida de recorte, priorice con nosotros otras medidas, y cárguese de razón antes de pedirnos un esfuerzo unilateral de 80 millones de euros anuales que manda al paro a miles de profesores y que, según dice, redistribuirá en otras partidas. Que lo urgente no soterre tampoco lo importante, el empeoramiento de las condiciones docentes, retributivas y laborales es desafortunado en el corto plazo y nefasto en el largo, invitando a los mejores a huir de la Educación y descapitalizando su motivación y empuje. En la escuela privada lo saben bien, ya que muchos de sus mejores profesores intentan año tras año, oposición tras oposición, encontrar hueco para su docencia en la escuela pública.

En resumidas cuentas, para el Gobierno de la Comunidad de Madrid su actuación con este recorte ha sido impecable en el fondo y en la forma, y aparentemente no hay razones objetivas para la disconformidad. Su Consejera de Educación ha llegado a decir recientemente que “niega la mayor”, que el recorte no existe. No puedo opinar igual. Me pregunto si enviará una carta a cada persona que manda al desempleo para convencerla de este particular; en tal caso, le recomiendo como entrenamiento releer (supongo) un clásico de Orwell, 1984. Este recorte ha sido una decisión cobarde y cortoplacista, para la que no han dudado en difamar a los docentes y que hurta a la Educación del gran debate que viene necesitando y que nadie quiere afrontar. Tanto si es por una agenda oculta —como muchos dicen y es razonable sospechar por el proceder del Gobierno— o si es por incompetencia e improvisación, personalmente me apena y me espolea en lo más profundo de mis convicciones. Hay comportamientos que no admito del gobierno; al menos no en la medida en que puedo oponerme a ellos. De ningún gobierno. No creo en la impunidad de la falsedad—nunca es impune pues, cuando menos, acaba castigándonos a los demás. Y creo, finalmente, que ésta, y no la contraria, es una lección que los políticos españoles deberían haber aprendido ya. Quizá estemos a tiempo de enseñársela.